Isaac José Woldenberg Karakowsky, licenciado en sociología, maestro en estudios latinoamericanos y doctor en ciencias políticas, se desempeñó como Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003. En entrevista para Obsidiana, este destacado político, académico y escritor comparte su visión sobre el rumbo democrático del país.

¿Cuál ha sido la importancia del Instituto Federal Electoral (IFE), luego Instituto Nacional Electoral (INE), para la transición democrática en México?

El IFE fue fundamental en el proceso de transición democrática que vivió México. Luego de las elecciones de 1988, fue claro que la Comisión Federal Electoral, encargada de la organización de la elección, no ofrecía las garantías necesarias de imparcialidad (ni podía hacerlo). Para recuperar la confianza en el expediente comicial, era imprescindible crear una institución capaz y con comportamiento imparcial. Por ello nació el IFE y, paulatinamente, esa confianza se empezó a recuperar. Imparcialidad y apego a la ley fueron los pilares de esa operación.

El Instituto Nacional Electoral (INE) actual tiene esas mismas obligaciones, con una enorme ventaja: la experiencia adquirida por el cuerpo de funcionarios profesionales del Instituto. Hay que subrayar que en 1996 se logró la autonomía absoluta del entonces IFE porque se entendió, y con razón, que esa autonomía en relación con el gobierno, los otros poderes constitucionales y los partidos, era una condición necesaria para fortalecer la confianza en el INE.

El INE gestiona todo lo referente a las tarjetas de identidad de los mexicanos. ¿Cuál ha sido y es el valor económico del INE?

El “gasto” del Registro Federal Electoral, dirección ejecutiva del INE, se conoce con precisión. Y se puede consultar, imagino, en la propia página del Instituto. Es el esfuerzo institucional permanente que más recursos requiere. Ciertamente, no es únicamente una credencial para votar, se trata de una cédula de identidad ciudadana de facto, porque con ella se realizan infinidad de trámites y sirve como identificación en prácticamente todos los espacios.

En México, con buen tino, se optó por que el financiamiento fuera predominantemente público.

Solía decir, cuando se especulaba sobre el alto costo de las elecciones, que las tareas del Registro absorbían más o menos la tercera parte del presupuesto del Instituto. Y preguntaba: ¿realmente se trata de un “gasto” electoral?, dado que las funciones de la credencial rebasan, y por mucho, esa esfera.

Se ha criticado el monto del financiamiento a los partidos políticos en México, tanto monetario como en términos de presencia en radio y televisión. ¿Habría que pensar en disminuirlo?

Por supuesto que se puede revisar el financiamiento a los partidos y su acceso a la radio y televisión, pero vale la pena recordar el porqué de esas importantes prerrogativas.

La política requiere de recursos, y existen dos grandes fuentes de financiamiento: público o privado. En México, con buen tino, se optó por que el financiamiento fuera predominantemente público por tres razones: a) porque es transparente, b) porque ayudaría a equilibrar las condiciones de la competencia y c) para intentar blindar a los partidos de la influencia de las grandes corporaciones económicas o, peor aún, del crimen organizado. Esos objetivos siguen siendo vigentes. Ahora bien, ¿se puede ajustar? Por supuesto. Pero no como lo propone el presidente, reduciéndolo a la mitad. Con ello sólo se beneficiaría al partido en el gobierno y se debilitaría a los otros.

En relación con el acceso a los medios de comunicación, creo que la fórmula de que sea a través de los tiempos oficiales es correcta. Se trata de espacios consagrados en la ley que pueden y deben ser también explotados por los partidos. Lo que se debería revisar es la fórmula de acceso. Esos segmentos de 20 o 30 segundos no permiten hacer un planteamiento medianamente serio, y a través de musiquitas, sonrisas, paisajes, colores y ocurrencias no se coadyuva a elevar el nivel de comprensión de nuestros problemas y de las eventuales soluciones. En el pasado existieron, además, programas de debate y unitarios en los que los partidos estaban obligados a desplegar y explicar alguna idea. No estaría mal que, además de los spots, pudiéramos ver a los candidatos debatir y a los partidos explicar sus propuestas.

La credencial para votar es también una cédula de identidad ciudadana de facto.

¿Existe una solución para el financiamiento ilegal de campañas electorales con recursos públicos y privados?

El financiamiento ilegal no es un problema exclusivo de México, pero ya sabemos que mal de muchos es coartada de tontos. Es un asunto difícil de resolver porque toda disposición legal es prescriptiva, dice lo que no se debería hacer porque sí se puede hacer. Es decir, toda disposición se puede violar. Piensen ustedes en un asesinato. La única solución es que, cuando se pruebe, los implicados sean sancionados. Y para ello se requieren puentes de colaboración entre las fiscalías, la Comisión Nacional Bancaria y las autoridades electorales. En esa tarea, partidos, organizaciones civiles, medios y ciudadanos pueden aportar información y coadyuvar a combatir esa profunda erosión de la vida política. Pero insisto, se requieren evidencias, porque también en ese terreno en ocasiones se realizan imputaciones sin sustento que envilecen el ambiente.

Los diputados plurinominales existen desde 1979. Se ha propuesto eliminarlos para mantener únicamente a los diputados de distrito. ¿Qué opinas de esta propuesta?

Es una de las propuestas más regresivas que se encuentran dentro del paquete de reformas actual. Da la impresión que quisiera volver a los tiempos en los cuales las minorías no tenían presencia en el Congreso o, si lo tenían, resultaba marginal.

Si todos los diputados fueran uninominales tendríamos graves distorsiones en la representación, porque el efecto acumulado de esa fórmula tiene de manera “natural” a beneficiar a la mayoría y a debilitar a las minorías. En aquellos años setenta del siglo pasado, el PRI con 70% de los votos terminaba con más del 90% de los escaños. Todos (gobierno y oposiciones) se daban cuenta de la distorsión, por ello se incluyeron los plurinominales. Algo similar aconteció con el Senado, al cual el presidente no sólo pretende borrar la lista plurinominal sino también a los senadores de minoría.

Resulta preocupante por dos razones: la primera, porque de prosperar la iniciativa tendríamos, muy probablemente, mayorías artificiales en ambas Cámaras; subrayo, artificiales, no producto de los votos, sino de la fórmula de traducción de esos votos en escaños. Y segundo, es una propuesta a contracorriente de la historia de la izquierda mexicana que, por lo menos desde los años 80, pretendía la representación proporcional estricta, es decir, que los votos se tradujeran en la misma proporción en escaños, sobre todo en la Cámara de Diputados.

La autonomía es una condición necesaria para que el INE pueda ofrecer garantías de imparcialidad.

¿Debemos mantener operando al INE como organismo autónomo?

La autonomía es una condición necesaria para que el INE pueda ofrecer garantías de imparcialidad a gobierno, partidos, organizaciones civiles y ciudadanos. Si el Instituto fuera visto como una extensión del Poder Ejecutivo sería imposible generar confianza. La autonomía es la cualidad esencial del INE y quiere decir que sus decisiones se toman solamente en los circuitos de deliberación del propio Instituto, sin interferencias de ningún tipo. Hay que reservarla y eso se logra ejerciéndola.

Si pudiéramos diseñar de nuevo el sistema político mexicano, cuáles de estas innovaciones sería importante discutir, aunque no se adopten?:

¿Segunda vuelta electoral para puestos de elección popular?

Para los cargos ejecutivos puede ser una buena medida, así nadie que tenga más rechazos que adhesiones podría ocupar los cargos de presidente, gobernador o presidente municipal. No la vería como opción para los cuerpos legislativos, en los cuales todas las fuerzas políticas (a partir del mínimo que establece la ley) deben estar representadas.

¿Representación proporcional en la Cámara de Diputados, basada en su tamaño total de 500 diputados?

Sería una fórmula correcta y justa, porque de esa manera todas las corrientes políticas tendrían una representación exacta en relación con sus votos. Y se puede alcanzar de múltiples maneras: con nuestro sistema mixto, estableciendo que los plurinominales se repartirán hasta ajustar el porcentaje de asientos en la Cámara al porcentaje de votos de cada partido o coalición.

¿Aplicación estricta de la cláusula del mínimo porcentaje de votos, y aquellos partidos que no lo alcancen no puedan recibir diputados de coaliciones?

 Aquel partido que no obtenga 3% de la votación pierde su registro. Eso dice la ley y me parece correcto. Ahora bien, si ese partido ganó diputaciones uninominales no se le pueden quitar, dado que por ellos votó la gente. Y, por supuesto, no deben participar en el reparto de plurinominales.