La elección presidencial de 2006 en México fue una de las más disputadas de la historia del país. A mí me tocó vivirla desde dentro del Instituto Federal Electoral (IFE), pues entonces era coordinador de asesores de la secretaría ejecutiva del órgano electoral. Así, presencié la manera en que se fueron creando los mitos en torno al supuesto fraude llevado a cabo para impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

Aquella elección se vio marcada por una serie de decisiones y eventos que generaron controversia. Entre ellos destaca la determinación del Consejo General del IFE de no dar a conocer los resultados del conteo rápido si la diferencia porcentual entre el primer y segundo lugar era menor a un punto. Esta medida, aunque se argumentaba como precaución ante resultados ajustados, suscitó críticas y cuestionamientos sobre su transparencia.

Tras el discurso de Luis Carlos Ugalde la noche electoral, en el cual anunció que no daría los porcentajes del conteo porque con ellos no se podía determinar un ganador, comenzaron las descalificaciones desde el bando del candidato que ya conocía su desventaja. La falta de claridad en la información alimentó especulaciones, incluida la teoría de un algoritmo introducido en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), diseñado para favorecer a un candidato sobre otro, lo que contribuyó a la creación de mitos en torno a aquel proceso electoral.

La falta de claridad en la información alimentó especulaciones, incluida la teoría de un algoritmo introducido en el PREP.

El argumento era que el comportamiento de los datos no era estadísticamente consistente. Javier Aparicio (2009) desmontó la teoría del algoritmo y de la supuesta irregularidad: ni el PREP ni el cómputo distrital son procesos completamente aleatorios, ya que factores como la urbanización de los distritos pueden sesgar el flujo de llegada de datos de las casillas a los centros distritales de cómputo.

La evolución de los datos del PREP durante la elección presidencial de 2006 en México reflejó la complejidad del proceso electoral. Inicialmente, la ventaja de López Obrador se atribuyó a la llegada rápida de datos de la Ciudad de México, donde tenía un respaldo significativo. Sin embargo, conforme se incorporaron los datos de casillas urbanas en otras zonas del país, la balanza se inclinó hacia Felipe Calderón, aunque en las rurales López Obrador tuviera ventaja, pues 70% de los electores se concentra en las ciudades.

Hubo acusaciones de ocultamiento de resultados, especialmente relacionadas con la exclusión de actas inconsistentes del PREP, que beneficiaban a López Obrador. El cómputo distrital, menos aleatorio que el PREP, mostró un sesgo partidista que llevó a un cruce en los resultados durante el recuento, pues los representantes de la coalición favorable a López Obrador abrieron debates que retrasaron el cómputo en muchos distritos favorables a Calderón, por lo que, al principio del cómputo oficial, la ventaja aparecía para quien finalmente resultó derrotado.

A pesar de las controversias, el mito del fraude matemático persiste en el imaginario popular. Sin embargo, ya entonces México contaba con un sistema electoral sólido que reduce al mínimo la manipulación centralizada, con medidas como el sorteo de funcionarios de casilla, la presencia de representantes de todos los partidos y la evaluación de la imparcialidad de los funcionarios de carrera.

La evolución de los datos del PREP durante la elección de 2006 reflejó la complejidad del proceso electoral.

El fraude electoral ha sido una característica arraigada en el sistema político de México, parte integral de su entramado institucional. Desde la independencia, las elecciones estuvieron influenciadas por intermediarios políticos locales y caudillos militares con control territorial. Sin embargo, durante la República Restaurada, tras la victoria de una coalición política en competencia por el poder, el fraude electoral se convirtió en una práctica controlada desde el gobierno central.

Emilio Rabasa ofrece una descripción elocuente de las elecciones en tiempos de Benito Juárez, destacando la manipulación sistemática y la violación de las leyes electorales para mantener el control político:

Como el sufragio universal era un mandato de la Constitución y un imposible en la práctica, tenía que fingirse para guardar las formas, había que llevar a las casillas electorales a ciudadanos autómatas, para lo cual debían intervenir las autoridades y sus agentes inferiores; de modo que para las ritualidades de la ley, sin las que no hay elecciones, y para hacer la elección, sin la cual no hay gobierno, la de aquel hombre de inmensa popularidad (Juárez) tuvo que verificarse por medio de la superchería que atentaba contra las leyes, que menoscababa la autoridad de Juárez y que enseñaba para lo sucesivo el camino del fraude electoral. La Constitución de 1857 otorgando como derecho e imponiendo como obligación el voto a todos los varones mayores de 21 años, estableció el sufragio universal en un pueblo analfabeta, ignorante y pobre, con una amplitud que no tiene en los países más cultos de Europa y América; y hay que tener presente que en la masa de electores quedaban comprendidos los indios que, casi en su totalidad, no sólo eran y son hoy, incapaces del juicio y de la libertad necesarios para el acto cívico por excelencia, sino que ignoran la forma de gobierno y carecen hasta de las nociones indispensables para entenderla, si alguien se propone explicárselas. (…) Además, el sistema de elección indirecta de primer grado filtraba el voto a través de varios organismos intermedios hasta llegar a los colegios electorales, que computaban el resultado y lo entregaban, refinado y depurado, al Congreso que lo promulgaba por decreto: mecanismo muy propicio para la corrupción. (…)

La cuestión está en el nombramiento de los agentes que hacen la maniobra, y que caería en manos de los demagogos si no la tomara el gobierno por su cuenta. Si dos o más partidos libres se disputaran el triunfo, no lucharían por obtener los votos de los ciudadanos, sino para imponer los agentes para el fraude, y alcanzaría la victoria el partido que cometiera mayor número de atentados contra las leyes (…) Ya se comprenderá como degeneraría la controversia electoral en el campo de las disputas, de combates y aun de sangre, con semejantes elementos y persiguiendo fines ilegítimos. Los gobiernos han creído que de ir a esos extremos y obtener como resultado una elección sin prestigio, llena de odios y seguramente obra de agitadores sin moralidad, no sacaría nada bueno la nación, y que es preferible y de mejores resultados hacer ellos mismos la superchería. Como cuentan con elementos mejores, no han tenido dificultad en sobreponerse; los verdaderos ciudadanos han comprendido su inferioridad irremediable de escasa minoría y han abandonado su inútil derecho. (Rabasa [1912], 1982).

La revolución estalló con el llamado al sufragio efectivo, pero después del paréntesis maderista, cuando las elecciones fueron más o menos libres, una vez que una nueva facción controló al Estado vino una época de elecciones controladas por los caudillos y caciques locales, cada uno jalando agua para su molino, hasta que, con la creación del Partido Nacional Revolucionario, se reactivó el control centralizado de los resultados.

Ya entonces México contaba con un sistema electoral sólido que reduce al mínimo la manipulación centralizada.

Durante época clásica del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a partir de 1946, los líderes de las organizaciones integradas en el sector obrero, el campesino o el popular del partido oficial, fueron los encargados de depurar los resultados electorales para entregarlos a la Comisión Federal Electoral, el órgano gubernamental responsable de realizar el cómputo final.

Las elecciones fueron en México, desde 1867 hasta 1996, una ficción aceptada, un simulacro para darle una fachada democrática a un régimen autoritario. Sin embargo, durante todos esos años, nunca se suspendieron, aunque en 1916 en lugar del proceso legal hubo elecciones extraordinarias del Congreso Constituyente. El fraude no necesitaba entonces de muchas matemáticas.

En 1982, cuando era militante del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), me tocó ser representante general del partido en una zona rural de Campeche. Pasé por un ejido y no encontré la casilla; fui entonces con el comisariado ejidal a preguntarle y, muy orondo, me contestó “no, si las elecciones las hicimos ayer, ya cerramos los paquetes”. Por supuesto, en esa casilla el PRI obtuvo todos los votos.

Referencias

Aparicio, Javier. (2009). Análisis estadístico de la elección presidencial de 2006: ¿Fraude o errores aleatorios? Política y gobierno, vol. Temático, núm. 2, pp. 225-243. Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C.

Rabasa, Emilio [1912] (1982). La Constitución y la dictadura. Porrúa.