En México, los opioides se han abordado tradicionalmente desde una perspectiva de seguridad nacional y, en menor medida, como un tema de salud pública. En el ámbito internacional, nuestro país se considera productor y distribuidor de sustancias, etiqueta que se sostiene por los registros de incautaciones y por el poco consumo reportado en las encuestas realizadas en los hogares.
Es cierto que no tenemos una epidemia de consumo como la que se vive en Estados Unidos y Canadá, pero es necesaria una perspectiva de salud pública por diversas razones. Primero, el consumo de opioides va en aumento y esto es observable en el incremento del número de personas que buscan atención en salud mental por efectos del consumo de heroína; por los comunicados de organizaciones que trabajan con personas que consumen opioides y que sufrieron el desabasto de metadona —sustancia usada en el tratamiento para evitar el consumo de otros opioides—; y por la presencia de fentanilo en los registros de análisis de sustancias que se realizan en Mexicali y Tijuana.
Segundo, el uso repetido de las sustancias opioides puede provocar trastornos por consumo, lo cual es considerado un trastorno mental en sí mismo, ya que imposibilita a las personas para realizar sus actividades cotidianas, su conducta se acota a la búsqueda de la sustancia y sus efectos.
En México no tenemos una epidemia de consumo, pero es necesaria una perspectiva de salud pública.
Tercero, además del trastorno por consumo, el uso de opioides tiene consecuencias negativas para la salud, principalmente cuando se inyectan, debido a que existe mayor riesgo de sufrir sobredosis, lesiones en la piel y otros órganos; además, si se comparten jeringas con otras personas, existe la posibilidad de adquirir alguna infección como VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) y hepatitis C.
Los daños que sufre la población a causa de ciertas enfermedades o condiciones se convierten en problemas de salud pública. Estos daños pueden expresarse en términos de algunos indicadores, por ejemplo, la cantidad de personas enfermas (prevalencia), la cantidad de casos nuevos (incidencia), la discapacidad que producen, o la mortalidad; así como del crecimiento de estos indicadores en el tiempo.
Algunos problemas reconocidos de salud pública son muy prevalentes, como la hipertensión arterial, que afecta a una de cada cuatro personas adultas mexicanas. En contraste, algunos problemas se acercan a sólo unos miles de casos al año (por ejemplo, la mortalidad materna), pero sus efectos sobre la sociedad son devastadores.
En el caso del consumo de sustancias psicoactivas, en particular de opioides como el fentanilo, la cuantificación del daño a la población es una tarea compleja. Por un lado, el consumo puede darse con fines médicos legítimos, pero puede presentarse un uso problemático, es decir, fuera de prescripción médica, lo cual provoca que la sustancia se consiga por vías ilegales (usualmente refiriéndose a ella con sus nombres de calle como “morfeo”, “cera de mono”, “pastilla”).
La mayor proporción de quienes consumen opioides sin prescripción, utilizan productos elaborados fuera de laboratorios farmacéuticos, como la heroína (“chiva” o “negra”). Además, algunas personas pueden consumir opioides inadvertidamente por medio de sustancias adulteradas con fentanilo. Por estos motivos, es difícil conocer el número de consumidores actuales de la sustancia en el país.
Es difícil conocer el número de consumidores actuales de la sustancia en el país.
En términos de mortalidad, contar las sobredosis letales puede ser una tarea difícil cuando los certificados de defunción no registran adecuadamente las causas del deceso, así como cuando no se realizan pruebas toxicológicas rutinarias a las personas con sospecha de sobredosis.
La adulteración de otras drogas con fentanilo es un problema emergente que puede tener un efecto importante en el registro de muertes por sobredosis, sobre todo, si se considera que la potencia del fentanilo es de 50 a 100 veces superior a la de los opioides típicos. Por este motivo, establecer los daños a la salud requiere del análisis de diversas fuentes de información. Un estudio realizado en 2022 por investigadores del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM estimó entre 161 y 1,241 las muertes por opioides al año.
Las acciones de salud pública, generalmente coordinadas desde el sector salud, van desde la promoción y prevención (conocidos como servicios no personales de salud) hasta la atención curativa, hospitalaria y ambulatoria (servicios personales de salud).
Los servicios no personales de salud son principalmente para la población que no consume sustancias o que lo hace de forma esporádica, que es la mayor parte. Las campañas de prevención de consumo deben también considerar las experiencias internacionales, las cuales han mostrado que proveer información con base en el miedo no suele ser efectivo. En contraste, las campañas basadas en la evidencia generalmente informan acerca de los riesgos y daños, así como la manera de minimizarlos.
Por otro lado, quienes consumen opioides repetidamente pueden encontrar servicios personales públicos para adicciones en los Centros de Atención Primaria en Adicciones y en centros residenciales presentes en todo el país, así como en hospitales especializados (como el del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz). Dos de los principales recursos para recibir información en todo México son el Centro de Atención Ciudadana la Línea de la Vida (Tel. 8009112000) y SAPTEL (Tel. 5552598121).
Los programas de reducción de riesgos y daños buscan minimizar las consecuencias negativas del consumo de sustancias.
Los programas de reducción de riesgos y daños buscan minimizar las consecuencias negativas del consumo de sustancias. Originalmente se han enfocado en la provisión de material de consumo; sin embargo, también existen programas de análisis de sustancias y prevención de sobredosis.
Hay programas sociales que parten de una visión amplia de la salud pública, que consisten en realizar intervenciones a los procesos estructurales de la sociedad, en las que el consumo problemático de opioides —y de cualquier sustancia— responde a un contexto generalmente de vulnerabilidad social y de trauma. Por ello, estos programas se enfocan en proveer apoyo en vivienda, alimentación, búsqueda de trabajo y atención a la salud mental, entre otros.
Las consecuencias de no atender el uso de opioides desde la salud pública son las barreras de atención. Hay desinformación relacionada con el uso de opioides, por lo que se engloba cualquier tipo de uso (con y sin prescripción) en el mismo grupo. Esto ocasiona que las personas que reciben tratamiento con opioides para aliviar el dolor (principalmente pacientes oncológicos y con otros dolores agudos) sean renuentes a iniciar o continuar su tratamiento por el temor a ingerir una sustancia que se ha estigmatizado y que se relaciona con delincuencia e inseguridad.
Hay una mirada que juzga y señala a quien consume opioides como personas alienadas de la sociedad, que cometen delitos y que solamente se dañan a sí mismas, lo cual exacerba el aislamiento social y aumenta el riesgo de sobredosis fatales y problemas de salud (como el incremento en transmisión de infecciones y problemas de salud mental, por mencionar algunos).
Si se continúa minimizando el consumo de opioides en el país, no habrá distribución suficiente de recursos para la atención de la salud de quienes consumen dichas sustancias, y será cada vez más notoria la falta de capacitación al personal de los tres niveles de atención: primer contacto, atención hospitalaria y atención de alta especialización.
Claudia Rafful
Facultad de Psicología, UNAM
Ricardo Orozco
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
