El consumo de drogas es un problema de salud pública mundial. Las noticias mencionan con frecuencia que el fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, circula en nuestro país. En México, alrededor del 10% de la población de entre 12 y 65 años ha consumido drogas ilegales alguna vez en la vida y los jóvenes son muy vulnerables.
Este es un problema multifactorial que afecta a las familias, a la salud y que tiene un alto impacto económico; en suma, está vinculado con la criminalidad y la violencia. A pesar de saber sus consecuencias negativas, cuando el uso de sustancias se convierte en un trastorno, las personas pierden la capacidad de controlar la cantidad y frecuencia de consumo. Y en esas circunstancias hay más riesgo de adquirir infecciones, como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la hepatitis C, así como de sufrir sobredosis y perder la vida.
La respuesta a este fenómeno plantea viejos y nuevos retos. Por muchos años los países centraron sus políticas en prohibir y frenar el consumo; sin embargo, gracias a toda la evidencia científica disponible, sabemos que adoptar un enfoque de reducción de daños permite mejorar la salud y el funcionamiento social.
En México, alrededor del 10% de la población de entre 12 y 65 años ha consumido drogas ilegales alguna vez en la vida.
¿Qué es la reducción de daños?
De acuerdo con la organización Harm reduction international, es el conjunto de políticas, programas e intervenciones dirigidas a minimizar los impactos negativos que el consumo de drogas legales o ilegales ocasionan en los ámbitos de la salud, el social y el legal. Este enfoque rechaza que la abstinencia es el mejor o único objetivo aceptable para las personas consumidoras y, por el contrario, busca aminorar problemas de salud y seguridad asociados al consumo.
Dentro de las estrategias de reducción de daños podemos encontrar los programas de intercambio de jeringas (que disminuyen la transmisión de VIH y hepatitis C); la implementación de salas de consumo supervisado (lugares en donde las personas consumen drogas bajo supervisión médica); la provisión de naloxona (que es una sustancia que contrarresta el efecto de los opioides y evita las muertes por sobredosis); las pruebas de sustancias para conocer la composición y pureza de las drogas que se están utilizando (lo cual reduce el riesgo de sobredosis); el tratamiento sustitutivo con metadona (otro opioide que bloquea los síntomas de abstinencia y los deseos de consumir); así como servicios de apoyo y de salud mental.
El origen de este enfoque
La reducción de daños fue promovida por algunos países en la década de 1960 para abordar los problemas sociales y de salud relacionados con el consumo de drogas. Reino Unido y Suiza crearon clínicas que proporcionaban heroína a dosis médicas y posteriormente, metadona. Países Bajos y Canadá también se sumaron incorporando programas de intercambio de jeringas.
Adoptar un enfoque de reducción de daños permite mejorar la salud y el funcionamiento social.
Con la llegada del VIH en la década de 1980, la reducción de daños tomó fuerza. Para evitar que el virus se propagara entre las personas que se inyectan drogas (PID), los programas de intercambio de jeringas se fueron expandiendo. Actualmente sabemos que alrededor del 30% de todas las infecciones por el VIH en el mundo han sido a causa del uso de agujas contaminadas en PID.
¿Qué ha hecho México y cuáles son los retos actuales?
En México, en 1988 se implementó el primer programa “informal” de intercambio de jeringas en Ciudad Juárez, a cargo de la organización no gubernamental Programa Compañeros A.C. Posteriormente, en el 2000, se publicó el primer manual de reducción de daños. Un año más tarde, los Centros de Integración Juvenil (CIJ) abrieron la primera clínica pública de metadona en Ciudad Juárez. Cabe señalar que México llegó a contar hasta con 25 clínicas de metadona, las cuales han operado de manera intermitente en los últimos años.
En 2003, el gobierno mexicano se pronunció a favor de la reducción de daños y mostró una clara apertura para abordar el VIH y su relación con las drogas, desde el reconocimiento de la salud como derecho humano. Entre 2004 y 2005, en Tijuana, Baja California, se implementó el segundo programa de intercambio de jeringas, impulsado por Prevencasa A.C.
Este enfoque rechaza que la abstinencia es el mejor o único objetivo aceptable para las personas consumidoras.
De manera simultánea, el gobierno federal comenzó a promover actividades de reducción de daños en otros estados y se publicó el primer Manual para la prevención del VIH/Sida en PID. Para 2009, los programas de intercambio de jeringas se habían extendido, bajo el liderazgo del Censida (Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida, dependiente de la Secretaría de Salud). Un estudio realizado durante 2019 estimó que los programas de reducción de daños en México evitaron cerca de 900 infecciones por el VIH entre 2015 y 20181.
Actualmente, en nuestro país se implementa la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, que plantea evitar el uso de sustancias a través de prevención y reducción de daños. En suma, la sociedad civil ha desarrollado, históricamente, programas de reducción de daños focalizados en la población consumidora.
A pesar de que México tiene más de 35 años implementando estos programas, los patrones de consumo son cambiantes. Esto genera la necesidad creciente de redoblar esfuerzos a fin de expandir servicios de base comunitaria, mejorar la infrestructura para apoyar el tratamiento y fortalecer el monitoreo del consumo, sobredosis y mortalidad, con énfasis en las poblaciones más vulnerables que, además, sufren estigma y discriminación. La salud es un derecho humano y es justo que las personas consumidoras aspiren al nivel más alto de salud y a recibir servicios de prevención y atención de calidad.
Adriana Villafuerte García
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
Carlos L. Magis Rodríguez
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Valenzuela-Lara, M., Ponce-Ramos, M., Ruiz-Herrera, K., & López-González, A. (2019). Impact of funding harm reduction programs for people who inject drugs in Mexico. Salud Mental, 42(4), 157-163. Disponible en: http://revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/SM.0185-3325.2019.021/3728
