La historia de la democracia en México es, en buena medida, la historia de la expresión de la pluralidad política de la sociedad en el Congreso de la Unión.
No fue casual que la reforma política de la “apertura democrática” en 1977 tuviera como uno de sus ingredientes centrales la creación de la figura de los diputados de partido. En las siguientes dos décadas, la integración del parlamento ocupó un lugar central de las reformas electorales para la democratización: la definición primero de 100 y luego de 200 diputados plurinominales, así como la inclusión de la representación de las minorías en el Senado y, más adelante, la incorporación de senadores de lista nacional.
El inicio de una efectiva división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo puede bien fecharse en 1997, cuando el presidente y su partido no tuvieron por primera vez el control de la Cámara de Diputados. Ese escenario, de gobierno dividido, se dio también en el Senado a partir del año 2000. Por más de dos décadas, hasta 2018, los presidentes de México tuvieron la obligación y la necesidad de procesar sus iniciativas parlamentarias con fuerzas políticas antagonistas.
En las últimas dos legislaturas (2018 y 2021) se ha dado una situación distinta: los partidos que respaldan al presidente López Obrador han contado con mayorías parlamentarias, aún sin obtener la mayoría de los votos ciudadanos al Congreso (Tabla 1). La paradoja es que el grueso de los electores se ha pronunciado en las urnas por construir contrapesos al presidente desde el Legislativo, pero esa mayoría de sufragios ha terminado recibiendo una minoría de asientos en el Congreso.
Lo que da lugar a la sobrerrepresentación
Es preciso conocer qué hace posible que la mayoría de votos en las urnas se convierta en minoría parlamentaria y viceversa, lo que bien puede leerse como un sinsentido desde el punto de vista de la igualdad en el valor de cada sufragio.
Existen tres razones principales. Primera, el modelo mixto de conformación de la Cámara de Diputados, con 300 legisladores electos por el principio de mayoría relativa en el mismo número de distritos uninominales y 200 de representación proporcional, puede generar que quien gane más distritos tenga una presencia superior en porcentaje de legisladores que el porcentaje de sufragios que obtiene. Segunda, la Constitución (artículo 54) permite que exista una sobrerrepresentación de hasta ocho puntos entre el porcentaje de legisladores y de votos. Tercera, la figura de las coaliciones, sin duda legítima en democracia, tal como está legislada abrió un resquicio para que se dé un “trasvase” de triunfos distritales entre partidos socios que termina produciendo, en ocasiones, una sobrerrepresentación mayor a la permitida por la Constitución.
Las primeras dos causas aquí señaladas se desprenden de la carta magna, y mientras dichas reglas constitucionales no cambien, nada hay que objetar al hecho de que no haya plena correspondencia entre los porcentajes de votos y de curules que tiene cada partido político en la Cámara de Diputados. Pero la tercera es una anomalía, pues incluso atenta contra el propósito constitucional de no dar lugar a una sobrerrepresentación mayor a los ocho puntos porcentuales. Veamos.
El inicio de una efectiva división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo puede bien fecharse en 1997.
Las coaliciones electorales son una opción válida en democracia: distintos actores políticos acuerdan una plataforma en común y buscan agregar sus respectivos apoyos electorales. La política es confrontación pero también acuerdo. Nada que objetar.
En el caso de elecciones a la Cámara de Diputados, las coaliciones pueden formarse entre dos o más partidos para postular candidaturas de mayoría relativa, no así de representación proporcional, donde cada partido presenta sus listas de plurinominales. Ello hace sentido: suman fuerzas en los distritos en que deciden ir juntos, pero cada partido tendrá un número de plurinominales en función del apoyo que la ciudadanía le dio a cada fuerza política, haya ido o no coaligada.
La distorsión empieza con lo que posibilita el artículo 91, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos, que señala que cuando se registra una coalición a la Cámara el convenio respectivo debe especificar el “partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarán comprendidos en el caso de resultar electos”.
¿Qué implica esa redacción? Que no importa qué partido aporte más votos a la coalición electoral en cada distrito donde llegue a ganar, pues el triunfo se le va a otorgar al partido que especifique el convenio de coalición. Es ese documento, el convenio firmado antes de la votación, lo que define a qué partido se le reconoce el triunfo mas no el veredicto de las urnas. Un partido podrá hacerse formalmente de un triunfo distrital aunque obtenga muy pocos o, en el extremo, cero votos en ese distrito.
¿Qué hace posible que la mayoría de votos en las urnas se convierta en minoría parlamentaria y viceversa?
Lo anterior da lugar al trasvase de triunfos entre partidos. ¿Con qué objeto? Reducir el número de distritos ganados para el partido que “cede” los triunfos, y así obtener más diputados plurinominales.
La estratagema del trasvase de triunfos
La operación que abusa del diseño legal es la que traslada triunfos distritales del partido más votado de la coalición a los socios menores para así beneficiarlos, pero también para sacar provecho propio al aumentar el número de plurinominales que el partido mayor obtendrá. No se trata sólo de ejemplos hipotéticos, sino de lo que ha ocurrido, en especial en 2018.
Como puede verse en la Tabla 2, la coalición Juntos Haremos Historia ganó en 212 de los 292 distritos donde compitió junta (en los ocho distritos restantes, cada partido se presentó en lo individual y, en los ocho, también resultó ganador Morena). Lo relevante es que todos los triunfos de la coalición se debieron a votos cruzados por la ciudadanía en el emblema de Morena en la boleta electoral, pero por el convenio de coalición pudo trasvasar 114 de esos triunfos a sus socios, que por sí mismos no ganaron un solo distrito ni tuvieron más votos que Morena en distrito alguno.
El Partido Encuentro Social (PES) perdió su registro en 2018 porque no logró siquiera el 3% de la votación, tampoco ganó alguna elección distrital y, sin embargo, tuvo una representación de 56 diputados de distrito, equivalentes al 11.2% de la Cámara. Por el trasvase de votos terminó con un número de diputados mayor a los que tuvieron el Partido Revolucionario Institucional (47), el Partido de la Revolución Democrática (21), Movimiento Ciudadano (27) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) (16) que sí conservaron su registro y tuvieron un apoyo ciudadano mayor que el del PES. La bancada de este último fue producto del trasvase de triunfos de Morena.
Por su parte el Partido del Trabajo (PT), al recibir 58 triunfos distritales y teniendo una votación válida emitida de 4.36% en 2018, tuvo un límite de sobrerrepresentación, como establece la Constitución, del 12.36% de diputados (61.8), por lo que pudo recibir tres plurinominales y quedar con 61 legisladores en 2018.
No es válido el trasvase de votos. Pero sí lo es el trasvase de triunfos entre partidos coaligados.
Morena, al haber transferido 114 triunfos a sus aliados, se quedó con 106 victorias de mayoría relativa (8 en solitario y 98 reconocidas por la coalición), por lo que recibió 85 plurinominales, en total, 191 diputaciones.
¿Qué hubiera ocurrido de no darse el trasvase de triunfos al interior de la coalición? El PES no hubiera tenido un solo diputado al perder su registro y no triunfar por sí en distrito alguno. El PT habría recibido 13 plurinominales y ningún diputado de mayoría relativa. Morena habría tenido 220 triunfos uninominales, 44% de la Cámara; como su votación fue de 41.34%, el tope de sobrerrepresentación de 8% habría sido 49.34%, equivalentes a 246 legisladores. Así, la coalición habría tenido 259 diputados (246 de Morena y 13 del PT), 51.8% de la Cámara y no 308 legisladores equivalentes a 61.6%, como en efecto ocurrió. Obviamente, la sobrerrepresentación de la coalición de Morena no habría sido de casi 16% sino de 6.1%, todavía dentro de los límites constitucionales.
A la luz de esto, el Instituto Nacional Electoral aprobó antes de los comicios de 2021 un criterio de “afiliación efectiva” para evitar que el partido “A” postulara a sus militantes o legisladores como candidatos de sus partidos aliados de “B” o “C”. Aun así, el trasvase de triunfos es posible: “A” postula a un candidato de “B”, los votos los pone “A” y la victoria se le reconoce a “B”. Como eso está permitido por la ley no se puede impedir sin un cambio en la norma.
En 2021 se volvió a dar el trasvase de triunfos (Tabla 3). La coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM) participó con los mismos candidatos en 183 de los 300 distritos electorales uninominales y triunfó en 118. Morena fue el partido más votado en 115 y el PVEM sólo en tres. No obstante, por el convenio de coalición se le atribuyen los triunfos a 30 candidatos del PT, a pesar de que no ganó un solo distrito ni fue el más votado de la coalición en ningún distrito electoral. Son 30 triunfos trasladados de Morena al PT por acuerdo previo entre ellos, no por voluntad de los electores. Asimismo, el PVEM recibió la constancia de 27 triunfos de mayoría relativa en distritos donde en realidad el partido más votado fue Morena. Así que Morena obtuvo 58 triunfos que sí se le reconocen directamente y otros 57 que trasladó a sus dos socios minoritarios.
Lo anterior también explica importantes distorsiones en la representación, como que el PVEM terminara obteniendo por ambas vías, mayoría relativa y representación proporcional, 43 diputados, que significan 20 legisladores más que Movimiento Ciudadano (MC) a pesar de que este último obtuvo 779 mil votos más que el Partido Verde. La distorsión se muestra también en el caso del PT que, siendo el partido con menos apoyo ciudadano de los que llegaron a la Cámara, obtuvo 39 diputados, más que el MC (23) y el PRD (15) quienes tuvieron un caudal mayor de voto ciudadano. La Tabla 4 muestra con elocuencia esa situación: MC fue la cuarta fuerza electoral de México en 2021, pero terminó con la sexta bancada en términos de diputados y el PRD, siendo el sexto partido en votos, acabó con la menor bancada.
Terminar con el trasvase de triunfos
En 2008 hubo una reforma electoral que pretendía que los partidos coaligados pudieran trasvasar votos a sus aliados. Por fortuna, esa disposición fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal del país estableció que el mecanismo de transferencia de votos de un partido a otro por medio de un convenio violaba la voluntad expresa del elector1: “no es razonable que a un partido que no obtuvo los votos por sí mismo se le dé una transfusión de votos para mantenerlo con vida”.
No es válido, entonces, el trasvase de votos. Pero sí lo es, hasta la fecha, el trasvase de triunfos entre partidos coaligados.
Bastaría un criterio jurisdiccional o una mínima reforma a la legislación para señalar que, cuando se formen coaliciones, para asignar plurinominales se tomarán los triunfos logrados por la coalición al partido más votado en las urnas. La palabra la tendría, así, la ciudadanía, no un convenio de coalición.
Ahora bien, para evitar en definitiva que las minorías de votos se puedan convertir en mayorías parlamentarias, es deseable eliminar la reminiscencia autoritaria de la cláusula de sobrerrepresentación del 8% en la Constitución y establecer, en cambio, que los 200 diputados plurinominales se asignarán con el objetivo de acercar lo más posible el porcentaje de asientos que tendrá cada partido en la Cámara con el porcentaje de apoyo que la ciudadanía le otorgó al votar. Eso proponía la izquierda democrática en los años 80 y 90. Es momento de retomar ese ánimo democrático para que la pluralidad política real de la sociedad mexicana se refleje, sin distorsiones artificiales, en el Congreso.
Ciro Murayama es doctor en economía. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Fue consejero del INE de 2014 a 2023.
Ciro Murayama
Facultad de Economía, UNAM
