Cuando observamos las grandes obras hidráulicas que sirven para satisfacer las necesidades de un país, una región o una gran ciudad, no siempre reparamos en que detrás de ellas se encuentran las decisiones de algún gobernante o equipo de técnicos que adoptaron la determinación de llevar a cabo su construcción.

En el caso del Valle de México nos referimos a edificaciones como el drenaje profundo, el sistema de abastecimiento de agua del Cutzamala, la construcción de la megaplanta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el municipio de Atotonilco, Hidalgo, por mencionar algunas de las más conocidas.

En ocasiones, algunas de estas obras han sido diseñadas y apoyadas de manera unánime por las comunidades técnicas hidráulicas, expertos financieros, ingenieros civiles y administradores públicos, pero con frecuencia están envueltas en controversias que surgen entre técnicos hidráulicos, políticos, organizaciones sociales y empresariales. Sin embargo, una vez que se toma la decisión y se concluye su edificación estamos obligados a vivir con ellas por largo tiempo, incluso varias generaciones, y cosecharemos las consecuencias, buenas o malas, que puedan aportar.

Los beneficios que se esperan de una obra pueden tornarse en serios perjuicios en el mediano y largo plazo.

También sucede que los beneficios permanentes que se esperaban de una obra pueden tornarse en serios perjuicios en el mediano y largo plazo. Hoy día, por ejemplo, se considera que la salida excesiva de las aguas del Valle de México, tanto las de origen pluvial como las negras, ha sido dañina porque significa una pérdida irreparable de nuestros propios lagos, ríos y acuíferos.

Importar agua de las cuencas vecinas del Lerma y Cutzamala ha beneficiado a los habitantes del Valle de México, pero hoy están muy bien documentados los enormes perjuicios ambientales, económicos y sociales que recaen sobre las regiones de las cuales se importan los cuantiosos caudales de agua.

Nos encontramos con obras que nunca se construyeron o quedaron inconclusas. Algunas dejaron de realizarse porque no era conveniente hacerlas debido a su enorme costo, o por las dificultades técnicas que implican (como importar agua desalinizada desde el Golfo de México), pero hay otro tipo de obras que conforme ha transcurrido el tiempo nos damos cuenta que hubieran sido las indicadas para llevarse a cabo.

Por ejemplo, el rescate integral y ampliación del proyecto del Lago Texcoco se impulsó desde finales de los años sesenta y en la siguiente década, pero se dejó languidecer por décadas. El proyecto del Aeropuerto de Texcoco fue cancelado en 2019 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en su administración se revivió el rescate del lago. De haberse mantenido el impulso y la continuidad, como propuso tiempo atrás el Ingeniero Gerardo Cruickshank, hoy tendríamos una superficie lacustre mayor a la existente y se podría haber aprovechado el agua de lluvia a mayor escala.

Importar agua de cuencas vecinas implica enormes daños ambientales, económicos y sociales.

Otro caso fue el de la construcción de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales dentro del Valle de México, propuestas en 1997 por el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal (DDF), Oscar Espinosa Villarreal, para las cuales ya se había obtenido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y que la nueva administración de la Ciudad de México, encabezada por Cuahutémoc Cárdenas, decidió no construir.

Hoy tenemos un enorme déficit en la disponibilidad de aguas residuales tratadas, ya que una parte importante del drenaje se depura en una mega planta ubicada fuera del Valle de México, en el municipio de Atotonilco, estado de Hidalgo, y el líquido tratado se utiliza para el riego agrícola en el Valle del Mezquital.

Por otro lado, hemos perdido grandes oportunidades con los programas de detección y reducción de fugas, que han carecido de la continuidad e intensidad suficiente para lograr una disminución significativa de la pérdida del líquido. Hoy, las autoridades reconocen que la pérdida de agua por fugas puede alcanzar hasta un 40% del total que transportan las redes de conducción y distribución de agua.

Aunque existen muchos otros ejemplos, hay que mencionar los proyectos para hacer la recarga artificial de agua a los acuíferos destinados a mitigar la extracción desmedida a la que los hemos sometido desde hace un siglo. Los numerosos proyectos aplicados han carecido de apoyo permanente, y esto ha generado el abandono de la gran mayoría.

Hoy padecemos una severa crisis hídrica, de las más graves que hemos enfrentado en los últimos 50 años.

Las razones que llevaron a desestimar muchos de estos proyectos fueron de orden económico y técnico, pero con frecuencia se impusieron los criterios políticos que tenía la intención de distanciarse de administraciones anteriores. Hoy que padecemos una severa crisis hídrica, tal vez de las más graves que hemos enfrentado en los últimos 50 años, reconocemos que fue un grave error no haberlas realizado.

En este momento nos cuestionamos lo siguiente: ¿Existe consenso sobre cuáles son las decisiones más adecuadas para mejorar nuestra situación, o  seguiremos postergando su iniciación? ¿Continuaremos aceptando la adopción  de aquellas decisiones que hoy son desaconsejadas por muchos técnicos, ambientalistas y organizaciones sociales, como seguir importando nuevos caudales de fuentes externas, por ejemplo, del Acuífero de Tula? ¿Se postergarán o apoyarán a cuenta gotas acciones indispensables como la reparación de fugas, la recarga del acuífero, el aprovechamiento a escala ampliada del agua de lluvia, la extensión de los proyectos de rescate del espacio público hídrico-sustentables y otras acciones que son las más indicadas? Estas son solo algunas de las preguntas que muchos formulamos a nuestros futuros gobernantes en la zona metropolitana de la Ciudad de México y del país entero. Estamos a la espera de las respuestas.